Todos son inocentes hasta que se pruebe lo contrario


Por: Sonia Montaño Virreira - Socióloga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
El incumplimiento del precepto jurídico que reconoce el principio de inocencia, es la expresión más nítida de la cultura democrática y la civilización. Desgraciadamente, éste ha sido degradado al punto máximo en nuestro país, ocasionando que las cárceles estén repletas de inocentes y en casi todos los grupos de poder se paseen campantes los culpables de todas las injusticias que nos afligen y que amenazan seriamente el futuro de la sociedad.

Hace unas semanas, la concejala de La Paz Cecilia Chacón ha pedido que se hagan públicos todos los estudios, informes y documentos referidos a los trámites de cambio de uso de suelo y suscripción de convenios desde el 2001 hasta la fecha referentes al derecho propietario del empresario Edwin Saavedra en la Curva de Olguín y ha demandado que se explique: ¿por qué se permitió incrementar la superficie de aproximadamente 26.000 m2 a más de 40.000 m2? La denuncia ha recibido múltiples respuestas, en particular la del exalcalde Juan del Granado, quien indica que, luego de identificar varias irregularidades durante su gestión, firmó un nuevo acuerdo con el empresario y de un trabajo de una comisión conformada para revisar los convenios logró un nuevo acuerdo que habría superado las irregularidades.

Aunque esta respuesta da un paso en la dirección correcta no es suficiente para esclarecer la legalidad y la pertinencia del World Trade Center (WTC) en ese lugar. Hace unos días se ha destituido a todo el personal de Derechos Reales, convertido en una cueva de ladrones, donde el tráfico de influencias es el pan de cada día. Los integrantes de la sala plena del Consejo de la Magistratura, instancia encargada del control y fiscalización de los funcionarios de Derechos Reales en el país, anunciaron que serán parte querellante en todos los procesos de supuesta corrupción, lo que es un botón de muestra de lo que se esconde en esa institución.

Como lo podemos acreditar todas las personas que acudimos a hacer un trámite, hemos estado en manos de funcionarios sin las capacidades para impedir las múltiples estafas que han beneficiado durante muchos años a mafias de loteadores, muchos de ellos de cuello blanco, que acuden a menudo a defender las irregularidades con argumentos inscritos en una cultura que considera que cuantas más construcciones exhiba la ciudad, más están contribuyendo al progreso y al bienestar de la población.

La ciudad de La Paz tiene en los Barrios de Verdad un ejemplo notable de lo que se puede hacer si se desafía la cultura del cemento.

Otro argumento frecuente, como el expresado por los representantes de Saavedra en la ciudad, es el de la inversión y el consecuente pago de impuestos que beneficiaría a la ciudad, cuando todos sabemos que la regla es la evasión y los impuestos a menudo benefician a los mismos inversionistas que multiplican sus ganancias vendiendo casas, departamentos y otros adefesios que no respetan normas ambientales y contribuyen sistemáticamente a la tugurización y violencia en las ciudades.

¿Por qué Saavedra no invierte en mejorar y aumentar más de esos barrios en lugar de destruir el centro de la ciudad?

Es tan grave la ausencia de independencia de poderes que cualquier denuncia y procesamiento se lee en clave politiquera y se revierte en contra de los denunciantes, a quienes se les condena de antemano, argumentando la falta de oportunidad y lanzando la pregunta sobre el impacto político -hoy impacto electoral- de las denuncias.

Quisieran muchos una moratoria de todos los procesos, gracias a la cual los presuntos responsables queden libres de polvo y paja, hasta que un nuevo gobierno abra las rendijas de nuevas formas de corrupción con la consecuente consolidación de la cultura de la impunidad.

La actitud frente a las denuncias se convierte así en una cuestión de fe, en la que la única respuesta posible es “si se le cree” a quien se denuncia y si éste goza de credibilidad la sociedad tenderá a considerarlo víctima de una conspiración; a la inversa, si el acusado tiene cola de paja, tendrá que resignarse a la condena social, reproduciéndose hasta el infinito la cultura del abuso.

La credibilidad, sin embargo, no siempre es fruto de una probada honestidad y cultura cívica, y puede confundirse con la imagen lograda por un buen manejo de las relaciones de poder. Mucha gente cree que un empresario rico “no necesita robar”; mientras que alguien que no tiene pedigree tendrá más posibilidades de ser sospechoso. Los ricos no sólo cuentan con dinero para pagar su defensa y hasta comprar conciencias, sino que pueden darse el lujo de esperar “ellos sí” el momento más oportuno para arremeter, perdón, digo, para invertir en nuevas moles de cemento.

El sistema político que vive su propia crisis de credibilidad está entrampado entre los poderes fácticos, que en el campo de la construcción incluyen desde empresas internacionales hasta loteadores de poca monta; mientras la ciudadanía tiene que ver de palco el enfrentamiento entre los o las quijotes de la transparencia y los Goliath de los empresarios. Mientras tanto, la ciudadanía se formará su propio juicio, en el que no todos son inocentes, aunque unos quieren aparecer más inocentes que otros.